Las asociaciones necesitan reglas claras para poder utilizar y gestionar espacios públicos con seguridad, transparencia y responsabilidad.

La Acción 8 del Plan propone crear modelos comunes de convenios, protocolos de cesión y fórmulas de gestión ciudadana que definan de manera sencilla los derechos y obligaciones de cada parte.

Estos documentos deberían aclarar cuestiones básicas como:

✅ Quién asume los suministros.
✅ Quién se encarga de la limpieza y el mantenimiento.
✅ Qué seguros son necesarios.
✅ Qué horarios y actividades están permitidos.
✅ Cómo se supervisa y evalúa el uso del espacio.

El objetivo es evitar la inseguridad jurídica, reducir los tiempos de espera y facilitar que locales, centros y equipamientos públicos puedan ponerse al servicio de los barrios.

También se pretende fomentar el uso compartido, la corresponsabilidad y la gestión comunitaria, garantizando que cualquier asociación conozca los pasos necesarios para solicitar un espacio y las condiciones aplicables.

Desde Solidaridad defendemos que los edificios públicos no deben permanecer cerrados o infrautilizados por falta de procedimientos claros.

La participación necesita espacios, pero también normas transparentes que permitan gestionarlos con garantías.

Porque facilitar el uso de lo público también es fortalecer el movimiento vecinal.